Septiembre 2020. Luego de las afirmaciones realizadas por la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Dra. Elizabeth Gómez Alcorta, en relación con la inexistencia de capacitaciones en género por parte del sector judicial, desde el IPLIDO de la UTHGRA sentimos el deber moral de realizar una serie de consideraciones al respecto.
En primer lugar, en defensa del trabajo que realizamos de manera permanente las organizaciones sindicales, incluidas las judiciales, con relación a las temáticas de género. Igualdad de oportunidades, lucha contra la violencia y la trata, entre otros temas, son cuestiones en los cuales tenemos un enorme recorrido de años de trabajo y compromiso. Y en lo que refiere al ámbito judicial sindical, nadie puede negar el trabajo permanente y comprometido que llevan adelante la compañera Carolina Lospennato y el compañero Julio Piumato.
También nuestra fundadora y diputada nacional, compañera Graciela Camaño, quien como titular de la Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura promovió el año pasado que las juezas y los jueces que concursen demuestren conocimiento en materia de género. Además, este año la Escuela Judicial tuvo en sus aulas virtuales 2.200 alumnas y alumnos para cursar capacitaciones sobre perspectiva de género. Nadie puede negar el trabajo de Graciela Camaño por la defensa de la igualdad de oportunidades en la política y en los sindicatos. La sanción de la Ley de Cupo Sindical cuando fue ministra de trabajo, la Ley de Cupo del 30% de mujeres en cargos políticos electivos y la Ley de paridad para las listas legislativas nacionales han contado con la defensa y la promoción de la compañera.
También, el Poder Judicial de la Nación fue de los primeros en establecer políticas de género en materia de violencia; las inició la Dra. Carmen Argibay Molina con la Oficina de Género de la Corte Suprema de Justicia, y la continuó en la gestión la Dra. Elena Highton de Nolasco.
El año pasado se firmó un convenio entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura para llevar adelante un trabajo conjunto y coordinado en materia de género.
