2014. El Gobierno decidió afectar el bolsillo de la clase media asalariada y los jubilados, pero no achica el Estado; las medidas no alcanzan para equilibrar las cuentas.
Luego de una década en la que se aumentó el gasto público en diez puntos del producto bruto interno, la fiesta se terminó y llegó la hora de pagar los platos rotos. El Gobierno tomó nota de esta realidad que ya se torna insostenible y emprendió el temido ajuste, pero hizo caer el mayor peso de esa medida sobre un grupo de la población , fundamentalmente la clase media asalariada y los jubilados. Para colmo, desde el Estado ni siquiera se dan muestras de austeridad con un recorte de erogaciones en propaganda oficial o en Fútbol para Todos.
La necesaria quita de subsidios no sólo es inequitativa, ya que solamente afecta a la población residencial del área metropolitana de Buenos Aires y exceptúa a las industrias , sino que tiene sabor a poco. El tijeretazo en gas y agua dejará un ahorro de $ 10.000 millones, sobre una masa de subsidios que asciende a $ 122.614 millones. Una medida similar sobre la electricidad podría dejar apenas otros $ 10.000 millones; mientras que la licuación de salarios a empleados públicos por efecto de la inflación arrojaría una suma similar.
La gran incógnita es qué sucederá con las jubilaciones y pensiones. Si siguen la misma suerte que los sueldos públicos, es decir, si crecen sólo 30% mientras que la inflación roza el 40% anual, significarán un ahorro del Estado en términos reales de $ 30.000 millones. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), todos estos recortes juntos no llegan a cubrir un déficit fiscal que en 2013 fue de $ 64.000 millones y que tuvo que financiarse con emisión monetaria, lo que produjo más presión inflacionaria.
Alejandro Rodríguez, director del Departamento de Economía de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema), dice que la pregunta que todos se hacen es quién pagará el ajuste. “El gran peso va a caer de manera directa sobre la clase media y media baja, vía reducción de subsidios -responde el especialista-. Además, eso se va a derramar indirectamente sobre otros sectores de la economía, porque esa familia a la que se le aumenta el gas y el agua va a recortar su gasto en empleada doméstica o en el restaurante de la esquina.”
Fernando Navajas, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), resume el ajuste en una conocida frase: mucho ruido y pocas nueces. “Es un recorte sobre pocos. El Gobierno quiere concretar un ahorro de un punto del PBI sacándoselo a la clase media urbana del área metropolitana. Pero eso no alcanza”, comenta el especialista.
Ahora bien, ¿quién tendría realmente que pagar el ajuste? Si se hiciera bien, sería el Estado el que debería ajustarse. ¿Cómo? Poniéndoles fin al empleado improductivo, al empresario que vive de la pauta oficial y a los sobreprecios en la obra pública. “Ésas serían medidas más sanas para la economía; pero son justamente aquellas que mayor costo político tienen para el Gobierno”, opina Rodríguez.
El Estado nacional gasta en personal $ 101.000 millones, lo que significa 106% más en términos reales que en 2003, cuando llegó el kirchnerismo al poder, según datos del Iaraf. Esto representa 3,3 puntos del PBI, tres veces más de lo que se espera ahorrar con toda la quita de subsidios anunciada hace diez días.
Nadin Argañaraz, director del Iaraf, comenta que si se ajusta en función de sueldos y jubilaciones es obvio que se pega mucho más en una sola porción de la sociedad. “Ahora, si se deja de gastar en Aerolíneas Argentinas y Fútbol para Todos, o se paga menos por obra pública que se sobrecotiza, se estaría frente a una verdadera reforma del Estado que ayudaría a evitar el impuesto inflacionario”, analiza el especialista.
Otros analistas consultados opinaron que no se van a solucionar todos los problemas cortando el chorro a Aerolíneas Argentinas y dejando de financiar Fútbol para Todos, pero ésta sería una muestra de buena voluntad por parte del Estado y un ejemplo para la sociedad. “Es como si un padre recorta los gastos en el colegio de su hijo, pero sale a comer afuera todos los días”, compara Rodríguez.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Estado destinó a Aerolíneas Argentinas $ 3117,7 millones en 2013 y presupuestó $ 2777,8 millones para 2014. Fútbol para Todos, en tanto, les significa a las cuentas estatales $ 1410 millones, asignación que tiene un aumento de 17% respecto de 2013.
Un trabajo de FIEL, titulado “Sigue el ajuste”, destaca que la decisión de mantener el subsidio a la industria por razones de competitividad o para que no aumenten los precios es una política industrial confusa. “La decisión de compensar con subsidios o con protección los sobrecostos que generan las regulaciones injustificadas y los elevados impuestos no es un elemento incluido en los instrumentos que determinan una política de desarrollo productivo moderna”, se dice en el estudio.
Por otra parte, continúa el análisis de FIEL, si el objetivo era contener los precios de los productos al público, no se entiende por qué se quitan los subsidios al comercio mayorista y minorista. Lo coherente hubiera sido quitarlos a todos por igual. Allí también se subraya que quedan fuera del recorte los usuarios residenciales de la Patagonia, que explican 22% del consumo residencial del país (para tener una idea, toda el área metropolitana de Buenos Aires consume 7 por ciento).
Claudio Lozano, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (por el partido Unidad Popular), dice que el ajuste cae básicamente sobre trabajadores, jubilados y consumidores. Para él, se cumplen todos los pasos de un ajuste ortodoxo, menos dos: el ajuste fiscal y la puesta en marcha de un programa antiinflacionario.
LOS NO ALCANZADOS
Para Lozano, hay un tímido avance en materia fiscal, que tiene que ver con los subsidios, pero aun ahí se ve que no se toca al poder empresario, porque sólo se quitan las ayudas a los usuarios residenciales. “No se recorta ni a los grandes grupos industriales ni a las petroleras o productoras de gas, que son subsidiadas con montos extraordinarios, sin que haya como contrapartida un aumento significativo de su producción”, explica Lozano.
Además del recorte de subsidios, hay otra gran herramienta a la que echa mano el Gobierno para hacer el ajuste, que no es otra que la inflación. Esta variable licua los salarios de los trabajadores y las jubilaciones, ya que su incremento se ubica varios puntos por debajo del de los precios. Así, el Estado se ahorra de pagar millones de pesos en sueldos a empleados públicos.
Un cálculo del Iaraf muestra que en el caso de que el aumento de los sueldos de la repartición pública sea en promedio de 30% y la inflación, como se estima, alcance el 40% anual, las arcas estatales se ahorrarían $ 10.164 millones. No por nada la Presidenta procuró por todos los medios que las subas salariales no superaran el 30 por ciento.
Si la mayoría sigue el camino marcado por Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), es probable que muchos logren aumentos salariales incluso inferiores a 30 por ciento. Caló aceptó un incremento de 26,5%, con vigencia hasta diciembre. Como la próxima negociación será en marzo de 2015, el verdadero aumento hasta esa fecha será de 22%, más lejos aun del índice anual de inflación.
Otro tanto sucedería con las jubilaciones. El trabajo de FIEL indica que el aumento de jubilaciones de 11,3% que se pagó en marzo trasluce una intención de reducir los haberes en términos reales. “Si se proyecta un aumento en septiembre de 13%, la Nación podría ahorrar 0,5% del PBI, respecto de los casi 10 puntos que se pagaron el año pasado”, se explica en el informe.
Pero la licuación de salarios no es la única agua que la inflación arrima para el molino del Estado a la hora de hacer el ajuste. También hay que contar el efecto que ésta tiene sobre el impuesto a las ganancias, ya que, al no actualizarse los parámetros que definen qué tasa pagar, crece el peso del gravamen sobre los ingresos percibidos.
Un estudio de Iaraf advierte que, si no se ajustan parámetros del impuesto a las ganancias, los trabajadores alcanzados resignarían a favor del fisco hasta una tercera parte del aumento nominal que obtengan en paritarias. En pocas palabras, el ajuste también se hace mediante una mayor presión impositiva (propiciada por la inflación) sobre los asalariados.
Ariel Barrau, economista del Iaraf, afirma que todos aquellos trabajadores que quedan alcanzados por el impuesto sufrirán un incremento de su obligación fiscal más que proporcional al incremento nominal de ingresos y, en consecuencia, deberán destinar un porcentaje creciente de su ingreso para el pago de este impuesto, lo que mermará la suba obtenida en paritarias.
En general, lo que se lleve Ganancias se ubicará entre 14% y 35% del aumento obtenido, según el caso. Esto supone que los trabajadores alcanzados por el impuesto que obtengan un incremento salarial nominal de 25% verán reducido ese porcentaje de ingreso disponible a valores que oscilarán entre 16,5% y 21,5%, según el caso. Y si el aumento salarial es de 30%, percibirán finalmente porcentajes de entre 20% y 26%, resignando así en favor del fisco entre cuatro y diez puntos porcentuales de la recomposición lograda.
Barrau muestra con un ejemplo concreto cómo afectará la inflación en la nueva ecuación. Un trabajador que en 2013 tenía un sueldo neto promedio de $ 15.000, tuvo el año pasado un descuento por Ganancias equivalente a 5,4% de su ingreso, mientras que este año, si recibe un aumento salarial de 25%, pagará 8,4% por ese concepto, y si el incremento es de 30%, deberá pagar 9,3% (casi el doble que en 2013).
¿Alcanza con todo esto para cerrar el agujero fiscal? Los analistas consultados concuerdan en que no. Maximiliano Castillo, director de la consultora ACM, afirma que si lo que se busca es encarrilar la insostenibilidad fiscal, no alcanza la quita de subsidios ni la licuación de salarios por inflación. “En la medida en que el déficit fiscal no se corrija, van a seguir los problemas que se vieron hasta ahora -estima el economista-. Lo que se hizo hasta el momento no va a permitir corregir el desequilibrio.”
En definitiva, como opina Navajas, se trata de un ajuste que no sólo está mal hecho y es inequitativo, porque ciñe el nudo sobre una porción de la población, sino que encima es insuficiente para cubrir el déficit fiscal en el que se desembocó luego de diez años de gobierno kirchnerista.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/
