Invitado por el foro Usina de Justicia, el precandidato presidencial Sergio Massa expuso su visión de la problemática del delito: “Una buena política de seguridad influye en todo el clima político, económico e institucional” “Es difícil que alguien tome una decisión de inversión en un país donde muerte, droga y violencia son temas cotidianos”, sostuvo el diputado nacional por el Frente Renovador durante el desayuno de trabajo convocado por Usina de Justicia para escuchar las propuestas de los aspirantes a la presidencia en materia de prevención del delito y seguridad. El foro que animan Diana Cohen Agrest y Ema Cibotti, y del que participan otros familiares de víctimas de violencias en democracia y destacadas figuras de la sociedad civil, ha cursado una invitación a los precandidatos presidenciales para poder dialogar con ellos sobre esta problemática. De modo que el de hoy fue el primer encuentro de estas características. Sergio Massa llegó acompañado de su esposa, Malena Galmarini, de la diputada nacional Graciela Camaño, de Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, y el diputado provincial Ramiro Gutiérrez, entre otros colaboradores. Por Usina de Justicia estuvieron presentes los fiscales Ricardo Sáenz y Marcelo Romero, el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, el ex fiscal Martín Etchegoyen Lynch, Guillermo Bargna, Héctor Méndez de Leo, César Mayer, Marcela dal Verme, Silvia Plager y María Zaldívar, entre otros. Fortalecido en su decisiva intervención para frenar el proyecto de nuevo Código Penal impulsado por el kirchnerismo con respaldo de la UCR y el PRO, Massa aseguró que “el Gobierno no va a poder modificar la Corte Suprema ni designar al reemplazante de (Raúl) Zaffaroni” en ese tribunal. “Tenemos un compromiso en ese sentido y lo vamos a cumplir”, insistió. Y cuando se le señaló que para ampliar la Corte, el Gobierno no necesitaba de una mayoría especial, replicó que no lo van a hacer porque luego no podrán designar ellos a los jueces supremos. El candidato expuso los lineamientos de lo que sería su política en la materia, asegurando que “lo primero en esta materia es la decisión política, la conciencia en quien gobierna de que éste es un tema central que condiciona todo lo demás”. Puso como ejemplo a Colombia, país que, tras haber demostrado su decisión de combatir el narcotráfico, había mejorado enormemente en diez años, sus cifras de crecimiento, pero también sus resultados en las pruebas PISA (Educación) y en reducción de pobreza. “Colombia no sólo le ganó a la violencia, al narcotráfico y a la muerte, sino que a partir de la centralidad del Estado en esa política, pudo poner en marcha otros vectores de su vida institucional”, agregó. Y dijo que es un ejemplo que “debería avergonzarnos”. “Argentina no tiene agencia de lucha contra el narcotráfico; no tiene política de protección de fronteras; no tiene definidos cuerpos de elite en sus fuerzas de seguridad; no tiene protocolo de coordinación de funcionarios entre sus diferentes cuerpos de seguridad”, fue su diagnóstico. “Una herramienta como los drones, que ya se usa hasta en casas particulares, el Estado no la usa –siguió diciendo Massa–. Tres mil drones para monitorear las fronteras durante 24 horas, con centro de monitoreo, equivale al costo de dos helicópteros y seguimos comprando helicópteros porque seguimos pensando en términos antiguos. Si no cambiamos la cabeza no vamos a cambiar los resultados”. Insistió en la necesidad de tener ley de derribo de aviones. “Y a quien dice que equivale a la pena de muerte, le pregunto: ¿qué pasa con quien no acata la orden de detenerse en una frontera terrestre? ¿Qué hace la Gendarmería luego de uno, dos, tres avisos?”. Señaló que la mayoría de los países de la región tiene ley de derribo. “Nosotros mismos la tuvimos cuando vino (Hugo) Chávez –recordó–, cuando hicimos una excepción para protegerlo. Entonces hay hipocresía, prejuicio ideológico”. Siguiendo en su línea de vincular la seguridad a los demás ámbitos de la vida pública, señaló que en todos ellos se ocultan los fracasos bajando los estándares: “Un plan social debe ser un puente de retorno al mundo del trabajo. Aprobar materias con 4 en vez de 7 es barrer el fracaso educativo bajo la alfombra. El capital humano era nuestro fuerte como país. Ahora bajamos el estándar. Lo mismo que rebajar penas, como firmaron todas las fuerzas políticas que participaron de la elaboración del nuevo Código Penal que proponía el Gobierno”. También denunció que “está afectada la independencia de poder en el país”. “Antes había división de poderes. Ahora un poder ordena al otro e interviene con látigo y chequera al tercero. Hay que devolverle el equilibrio alConsejo de la Magistratura. Hay concentración de poder en manos de unos pocos como nunca. Todos los días nos corren la vara un poco más”, afirmó. “Los jueces quieren ser psicólogos: se dedican a estudiar a la persona y concluyen que la culpable es la sociedad. La función del juez no es ésa, sino aplicar la ley, los tipos penales y la condena correspondiente, teniendo en cuenta agravantes y atenuantes”, apuntó. ¿Qué valores defiende nuestra sociedad?, se preguntó, y alentó a no caer en el “falso prejuicio” de que la seguridad es de derecha. En ese sentido volvió a apuntar contra los “jueces saca-presos”, y se pronunció a favor de limitar las excarcelaciones e imponer penas más duras en determinados delitos. En cuanto a las razones de la situación que vive el país por la falta de combate al delito, dijo que “en Latinoamérica, los quiebres institucionales llevaron a los primeros gobiernos democráticos a caer en el prejuicio de que fortalecer las fuerzas de seguridad equivalía a incrementar la represión”. “Pero una cosa es el quiebre institucional y otra la herramienta que el Estado tiene para preservar el orden”, replicó. Y aseguró que otros países de la región ya dejaron de lado ese prejuicio, mientras que Argentina no. Aseguró que haber impedido la sanción del Código Penal que promovía el Gobierno fue “una batalla cultural ganada”. “No tenemos que tener miedo a
