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2014. El Gobierno decidió afectar el bolsillo de la clase media asalariada y los jubilados, pero no achica el Estado; las medidas no alcanzan para equilibrar las cuentas. Luego de una década en la que se aumentó el gasto público en diez puntos del producto bruto interno, la fiesta se terminó y llegó la hora de pagar los platos rotos. El Gobierno tomó nota de esta realidad que ya se torna insostenible y emprendió el temido ajuste, pero hizo caer el mayor peso de esa medida sobre un grupo de la población , fundamentalmente la clase media asalariada y los jubilados. Para colmo, desde el Estado ni siquiera se dan muestras de austeridad con un recorte de erogaciones en propaganda oficial o en Fútbol para Todos. La necesaria quita de subsidios no sólo es inequitativa, ya que solamente afecta a la población residencial del área metropolitana de Buenos Aires y exceptúa a las industrias , sino que tiene sabor a poco. El tijeretazo en gas y agua dejará un ahorro de $ 10.000 millones, sobre una masa de subsidios que asciende a $ 122.614 millones. Una medida similar sobre la electricidad podría dejar apenas otros $ 10.000 millones; mientras que la licuación de salarios a empleados públicos por efecto de la inflación arrojaría una suma similar. La gran incógnita es qué sucederá con las jubilaciones y pensiones. Si siguen la misma suerte que los sueldos públicos, es decir, si crecen sólo 30% mientras que la inflación roza el 40% anual, significarán un ahorro del Estado en términos reales de $ 30.000 millones. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), todos estos recortes juntos no llegan a cubrir un déficit fiscal que en 2013 fue de $ 64.000 millones y que tuvo que financiarse con emisión monetaria, lo que produjo más presión inflacionaria. Alejandro Rodríguez, director del Departamento de Economía de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema), dice que la pregunta que todos se hacen es quién pagará el ajuste. “El gran peso va a caer de manera directa sobre la clase media y media baja, vía reducción de subsidios -responde el especialista-. Además, eso se va a derramar indirectamente sobre otros sectores de la economía, porque esa familia a la que se le aumenta el gas y el agua va a recortar su gasto en empleada doméstica o en el restaurante de la esquina.” Fernando Navajas, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), resume el ajuste en una conocida frase: mucho ruido y pocas nueces. “Es un recorte sobre pocos. El Gobierno quiere concretar un ahorro de un punto del PBI sacándoselo a la clase media urbana del área metropolitana. Pero eso no alcanza”, comenta el especialista. Ahora bien, ¿quién tendría realmente que pagar el ajuste? Si se hiciera bien, sería el Estado el que debería ajustarse. ¿Cómo? Poniéndoles fin al empleado improductivo, al empresario que vive de la pauta oficial y a los sobreprecios en la obra pública. “Ésas serían medidas más sanas para la economía; pero son justamente aquellas que mayor costo político tienen para el Gobierno”, opina Rodríguez. El Estado nacional gasta en personal $ 101.000 millones, lo que significa 106% más en términos reales que en 2003, cuando llegó el kirchnerismo al poder, según datos del Iaraf. Esto representa 3,3 puntos del PBI, tres veces más de lo que se espera ahorrar con toda la quita de subsidios anunciada hace diez días. Nadin Argañaraz, director del Iaraf, comenta que si se ajusta en función de sueldos y jubilaciones es obvio que se pega mucho más en una sola porción de la sociedad. “Ahora, si se deja de gastar en Aerolíneas Argentinas y Fútbol para Todos, o se paga menos por obra pública que se sobrecotiza, se estaría frente a una verdadera reforma del Estado que ayudaría a evitar el impuesto inflacionario”, analiza el especialista. Otros analistas consultados opinaron que no se van a solucionar todos los problemas cortando el chorro a Aerolíneas Argentinas y dejando de financiar Fútbol para Todos, pero ésta sería una muestra de buena voluntad por parte del Estado y un ejemplo para la sociedad. “Es como si un padre recorta los gastos en el colegio de su hijo, pero sale a comer afuera todos los días”, compara Rodríguez. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Estado destinó a Aerolíneas Argentinas $ 3117,7 millones en 2013 y presupuestó $ 2777,8 millones para 2014. Fútbol para Todos, en tanto, les significa a las cuentas estatales $ 1410 millones, asignación que tiene un aumento de 17% respecto de 2013. Un trabajo de FIEL, titulado “Sigue el ajuste”, destaca que la decisión de mantener el subsidio a la industria por razones de competitividad o para que no aumenten los precios es una política industrial confusa. “La decisión de compensar con subsidios o con protección los sobrecostos que generan las regulaciones injustificadas y los elevados impuestos no es un elemento incluido en los instrumentos que determinan una política de desarrollo productivo moderna”, se dice en el estudio. Por otra parte, continúa el análisis de FIEL, si el objetivo era contener los precios de los productos al público, no se entiende por qué se quitan los subsidios al comercio mayorista y minorista. Lo coherente hubiera sido quitarlos a todos por igual. Allí también se subraya que quedan fuera del recorte los usuarios residenciales de la Patagonia, que explican 22% del consumo residencial del país (para tener una idea, toda el área metropolitana de Buenos Aires consume 7 por ciento). Claudio Lozano, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (por el partido Unidad Popular), dice que el ajuste cae básicamente sobre trabajadores, jubilados y consumidores. Para él, se cumplen todos los pasos de un ajuste ortodoxo, menos dos: el ajuste fiscal y la puesta en marcha de un programa antiinflacionario. LOS NO ALCANZADOS Para Lozano, hay un tímido avance en materia fiscal, que tiene que ver con los subsidios, pero aun ahí se ve que no se toca

2013. El pasado jueves 15 de agosto se llevaron a cabo las elecciones para la designación de nuevas autoridades de nuestra Organización para el período 2013-2017. Las mismas contaron con una amplia participación de compañeras y compañeros trabajadores a este ejercicio de democracia sindical que demuestra claramente la vigencia e importancia intacta que las organizaciones obreras, como la nuestra, mantienen frente a los nuevos desafíos que se presentan en el actual contexto nacional. La responsabilidad de representar y defender los derechos adquiridos, por un lado; y el esfuerzo y ahínco con el que se deberá contar para lograr mayores márgenes de justicia y equidad, por el otro marcarán el trabajo de los próximos años. Afrontaremos una ardua tarea pero estamos convencidos que para seguir engrandeciendo a nuestra gran familia hotelero – gastronómica contamos con un valor agregado especial, que es nuestra capacidad de lucha, nuestra férrea voluntad y nuestra firme convicción de responsabilidad y solidaridad. Agradecemos a todas nuestras compañeras y compañeros que nos brindaron su respaldo y acompañamiento y los invitamos a sumarse a colaborar en forma mancomunada por nuestra querida Organización. Renovamos nuestro compromiso de servicio para con todos nuestros afiliados.

2014. El pasado lunes 31 de marzo se realizó en las instalaciones de la UTHGRA SANTA FE el tradicional agasajo por el día Internacional de la Mujer Trabajadora que el IPLIDO – Instituto para la Igualdad de Oportunidades – organiza cada año para las compañeras afiliadas. Durante el encuentro se desarrollaron diversas actividades relacionadas con la problemática de Violencia de Género, como así también un taller sobre auto estima y maquillaje, finalizando con una cena show para las 200 trabajadoras de diferentes establecimientos presentes. Cabe destacar la presencia de la compañera Susana Cesari actual Secretaria de Afiliación y Actas de UTHGRA NACIONAL y Secretaria Ejecutiva del IPLIDO, el diputado provincial Raúl Fernández y el compañero Secretario General de UTHGRA Santa Fe y diputado provincial Demetrio Álvarez quienes hicieron uso de la palabra. Otro año más estuvimos presentes acompañando a nuestras compañeras trabajadoras gastronómicas. Fuente: http://www.cfin.com.ar/

2016. En la mayoría de los casos, los victimarios son sus parejas; advierten sobre el incremento de la saña en los homicidios Mientras se discute la efectividad de las medidas para proteger a las víctimas de la violencia de género, los femicidios siguen ocurriendo. Durante 2015, 286 mujeres murieron en todo el país a manos de hombres que, en el 71% de los casos, tenían algún vínculo cercano con ellas. Los asesinatos, la mayoría cometidos con armas, dejaron a 214 chicos sin su madre. “Son proyectos de vida que quedaron truncos”, resaltaban los integrantes del Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano, de la ONG La Casa del Encuentro, al presentar el informe de femicidios ocurridos el año pasado. En 2014, la cifra alcanzó las 277 muertes. Las mujeres asesinadas el año pasado fueron, en su mayoría, baleadas, apuñaladas y golpeadas. El nuevo registro, destacó la presidenta de la ONG, Ada Rico, puso en evidencia el incremento de la saña en los homicidios: respecto del año anterior crecieron considerablemente las víctimas que murieron quemadas. En 2014, se habían registrado nueve casos; durante 2015 hubo 21 bajo esa modalidad. Es decir, un crecimiento del 43 por ciento. Más notas para entender este tema “Siguió con amenazas desde la cárcel” En el 71% de los 286 femicidios el agresor tenía algún vínculo con la víctima: en 173 de ellos se trataba de la pareja actual o de un ex y el resto eran otros allegados. Tal como ocurrió en otros relevamientos, la gran mayoría de los hechos de violencia de género se cometieron dentro del hogar. Sesenta y seis de los crímenes sucedieron en la vivienda de las mujeres. En tanto, 72 de los homicidios ocurrieron en el inmueble que la víctima compartía con su pareja. Por estos 286 crímenes, 322 chicos perdieron a su madre. El 66% de estas víctimas colaterales son menores de 18 años. Rico resaltó: “Estos chicos quedan en manos de asesinos. Por eso, estamos pidiendo que avance el anteproyecto de pérdida automática de la responsabilidad parental para los femicidas condenados”. El documento, que fue presentado en diciembre pasado, exige que se incorpore un artículo al Código Civil que prohíba a los agresores mantener el contacto con sus hijos. Ante el reclamo de las organizaciones sociales por la falta de estadísticas oficiales, a fines del año pasado la Corte Suprema de Justicia difundió el primer Registro Nacional de Femicidios de acuerdo con los datos recabados en las jurisdicciones judiciales en 2014. Según el informe, 225 mujeres fueron asesinadas por varones ese año por razones asociadas con su género. La mayoría de los crímenes, un 75%, fue perpetrado por algún allegado. Desprotegidas Una de cada siete mujeres asesinadas en 2015 había advertido previamente, ante funcionarios judiciales y/o policiales, que era víctima de violencia de género. En al menos 27 de los femicidios la víctima había hecho la denuncia. A otras 15 mujeres se les había otorgado una medida de protección para evitar que el agresor se les acercara o continuara viviendo bajo el mismo techo. La presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, dijo a LA NACION: “Estamos trabajando para que próximamente se le aplique al agresor un sistema de geolocalización o tobillera electrónica”. Esta medida sería para los casos en que el victimario ya cuente con una orden de restricción. A los referentes por la lucha contra la violencia de género los preocupa la reiteración de los hechos en los que las mujeres asesinadas habían logrado interponer mecanismos de defensa legales, que luego, y sin escollos aparentes, fueron transgredidos por los agresores. De acuerdo con un informe relevado por la Defensoría General de la Nación, el 34% de las víctimas (414 casos) dijo que los denunciados habían incumplido las medidas de protección y en el 24% se contabilizaron nuevas agresiones. A comienzos del mes pasado, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un informe en el que advirtió que las desobediencias y los incumplimientos de los agresores no son registrados en las estadísticas oficiales. El 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Mujer, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció que iba a impulsar la creación de una nueva red de refugios para alojar a las víctimas de violencia de género. Éste es uno de los pedidos que La Casa del Encuentro, junto a la fundación Avon, que colabora en el proyecto, solicitó que se impulse. Darío Witt es abogado y preside el refugio Casa Abierta María Pueblo en La Plata. Casi a diario, brinda asistencia legal, social y psicológica a mujeres que llegan a pedir un lugar para escapar de sus violentas parejas. “En general, las víctimas cuentan con órdenes de restricción, pero lo más seguro que tienen es un papelito que le dice al hombre que no puede acercarse. Así no se puede garantizar el cumplimiento de las medidas”, explicó a LA NACION. Y agregó: “Es necesario que haya un abordaje integral que incluya, por ejemplo, la capacitación del personal policial para atender estos casos”. La ONG también hizo hincapié en ese punto. “No sólo hay que capacitar en perspectiva de género a los trabajadores de organismos estatales, sino a los integrantes de las fuerzas de seguridad y de justicia”, reclamaron en el informe. Dos crímenes en una semana CÓRDOBA.- Por segunda vez esta semana, esta provincia se vio sacudida por dos crímenes. Ayer, Marta Elizabeth Balmaceda, de 44 años, fue asesinada en su casa. Por el hecho, está detenido su esposo, Marcelo César Bernabé. El martes pasado, la víctima fue una joven de 21 años. Un hijo, de 20 años, del matrimonio fue el que llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron encontraron el cuerpo de Balmaceda tirado en el piso del dormitorio. Su esposo estaba a su lado. Según la policía, no había denuncias previas de violencia de género. Mapa crimenes mujeres estadisticas asesinatos mujeres Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1885053-no-cede-la-violencia-contra-las-mujeres-en-2015-hubo-286-asesinatos

2014. Agustín Salvia es coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), un organismo que sistemáticamente da a conocer estadísticas que reflejan en números la dureza de la realidad social. En una entrevista para el Diario La Nación, Salvia analiza las consecuencias actuales y visibles de las decisiones tomadas en 10 años de gobierno kirchnerista: la marginalidad laboral y económica, el mercado informal y una nueva cultura de la pobreza. Por Astrid Pikielny La investigación más reciente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina se conoció en el tórrido y convulsionado final de año, y mostró una realidad evidente, incómoda y preocupante a pesar de la bonanza económica de diez años de kirchnerismo: se han cristalizado situaciones de marginalidad laboral, pobreza estructural y desigualdad social en el país. Algunas estadísticas del período 2004 a 2012 dan prueba de ello: la pobreza medida por los ingresos afecta a un 25% de la población urbana (10 millones de personas), una de cada 10 viviendas no tiene agua corriente y tres de cada 10 no disponen de cloacas; el 37 % de los jóvenes no termina la secundaria y el 20% no estudia ni trabaja, y el 55% de la fuerza de trabajo no tiene un empleo productivo y protegido. El sociólogo Agustín Salvia, coordinador e investigador jefe del Programa del Observatorio de la Deuda Social, sostiene que a lo largo de tres décadas, y a pesar del crecimiento económico de diez años del modelo “neodesarrollista”, la desigualdad estructural en la Argentina se ha agravado. “No sólo no ha revertido esta tendencia, la ha reproducido. Crecen las torres, pero crecen las villas y los asentamientos. Se dinamizaron los sectores de punta y también los sectores informales. ¿Creció La Salada? Creció, pero no dejó de ser La Salada, con salarios de pobreza, salud de pobreza, educación de pobreza”, explica. Según el investigador del Conicet, así como hubo una década ganada para buena parte de los sectores medios que se recuperaron de la crisis de 2001, hubo también una década desaprovechada y una oportunidad perdida a la hora de definir políticas de Estado y una visión estratégica de inversión para el desarrollo social. “Pensaron, al igual que el menemismo y el Consenso de Washington, que el derrame iba a llegar, que el crecimiento económico haría que, tarde o temprano, todos terminarían incluidos. Y se equivocaron. Esos sectores no recibieron el derrame, apenas un goteo, y el crecimiento quedó encapsulado en determinados enclaves productivos.” Días después de los saqueos que se multiplicaron en el país, y que dejaron un saldo de 14 muertos, Salvia -que es además coordinador del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social en el Instituto Gino Germani de la UBA- deja en claro que el aumento de la conflictividad social tiene como matriz la desigualdad, no la pobreza. “La responsabilidad de que exista una mafia instalada en los barrios más pobres y de que el narcotráfico y la violencia crezcan no es producto de que la gente es mala, sino de que ha faltado un Estado justo capaz de generar reglas de equidad, de inclusión, de progreso.” -¿Cuándo y por qué se crea el Observatorio de la Deuda Social? -Se crea como un programa de investigación interdisciplinario en el año 2001, previo a la crisis, en el contexto de los obispos reunidos en la Conferencia Episcopal Argentina que convocaba a pensar en que había una deuda interna que había que atender, por sobre la deuda externa. A esa deuda interna se la llamó “deuda social”. En ese contexto, la UCA lanzó un plan para realizar investigación teórica y empírica a partir de encuestas propias y de encuestas permanentes de hogares, con datos censales. Hasta entonces se tendía a mostrar la problemática vinculada al empobrecimiento y el desempleo de las clases medias, al corralito y a los ahorros, pero nuestros equipos comenzaron a analizar los nuevos rostros de la marginalidad y los nuevos trabajos, como los limpiavidrios, los cartoneros, las cooperativas. -¿Con qué se encontraron? -Con que ese proceso y esa matriz de construcción de una pobreza más estructural venía agravándose en las últimas tres décadas. Uno podía ver momentos de picos de pobreza por ingresos con las distintas crisis y luego una cierta recuperación, pero nos preguntábamos si eso no producía otros cambios. Y vimos que sí, que había una pobreza menos coyuntural, que dependía menos de lo que ocurriera en el mercado de trabajo o con el proceso inflacionario. Hoy tenemos un componente importante de este 25 % de pobreza asociado al proceso inflacionario, pero si estabilizáramos la situación inflacionaria -que hoy es entre un 25 y un 28%-, nos encontraríamos con que entre un 15 y un 18% de la población en situación de pobreza o indigencia no lograría, a pesar de una inflación cero, salir de ese estado. -¿Por qué? -Por su inserción en un mercado de trabajo secundario, marginal y de baja calidad. Es el vendedor ambulante, el limpiavidrios, el servicio doméstico no protegido, el albañil por hora, las changas de todo tipo. A esto se le agregan las empresas clandestinas, con trabajos de muy baja productividad, y las empresas o microempresas familiares cuasi legales o ilegales. Alrededor de un 20% de la población estaría desarrollando trabajos cuyos ingresos están muy por debajo de lo que le permitiría acceder a una canasta que cubra las necesidades básicas económicas y alimentarias. Esa situación de marginalidad laboral y económica es la que Pepe Nun llamó en los años sesenta “la masa marginal”. -Ese sector, que no es necesario para el mercado de trabajo, no se los incorpora ni siquiera en los momentos de crecimiento. -Exacto. Nuestra economía en expansión no los necesita. Son prescindibles, sobran y, más aún, producen un gasto muy importante para el sistema económico. Son entre 3 y 4 millones de personas que están en trabajos de muy mala calidad y que esta economía de crecimiento no logró incorporar. En ese sector hay un componente fuerte de mujeres

2013. Nuestro país se enfrenta a nuevos desafíos que requieren de la atención y la actuación de todos los sectores sociales. Asistimos a una realidad que es dinámica, vertiginosa y compleja. Contextos diferentes a los hasta hoy conocidos nos plantean, por consiguiente, nuevas y mayores responsabilidades. Todos estamos llamados a hacer un aporte. El compromiso y la participación es un ineludible requisito. No podemos adoptar una posición pasiva suponiendo que las soluciones a nuestros problemas serán sencillas o mágicas. Todo lo contrario. En la medida que asumamos esta necesidad como una exigencia social podremos ir avanzando hacia un futuro de mayor armonía y civilidad. Y las organizaciones de la sociedad civil tienen mucho de sí para aportar en este proceso de construcción colectiva. Un requisito previo es el de tener un acuerdo en común sobre un mínimo irreductible de ideas que suponga el punto de partida. Esas concepciones compartidas por toda la sociedad nos llevaría a construir una sociedad más solidaria, respetuosa e integrada. Significa volver a apostar por los valores. Reconstruir los lazos bajo el imperio del respeto, la honestidad y la responsabilidad. Los valores perfeccionan el cuerpo social y le dan sentido. Entonces, se nos torna imperioso dar comienzo a un intenso trabajo por reconstruir nuestra sociedad sobre la base de estos valores que nos sirvan como una guía de hacia dónde queremos ir. En la medida que seamos capaces de internalizar estos preceptos y actuar en consecuencia el avance hacia mayores niveles de inclusión, tolerancia y equidad será gradual pero a la vez inexorable. El rol de las instituciones públicas es ineludible. La competencia primaria del estado en garantizar educación, seguridad física y alimentaria, impartir justicia y brindar salud, por caso, debe afianzarse y fortalecerse. Y queda para el resto de las instituciones contribuir cada una desde su accionar particular en este proceso de fortalecimiento social. Así tanto las organizaciones sindicales como los institutos específicos como el nuestro cumplen una función esencial por el importante desarrollo de capilaridad social que poseen. Hoy los sindicatos se plantean nuevas acciones que involucran importantes aspectos que trascienden la tradicional discusión por el salario y las condiciones de trabajo. Por ello, nuestro Instituto siguiendo una directiva clara emanada de la conducción de nuestra Organización, ha decidido hacer una fuerte apuesta por la promoción de los valores para así contribuir para la recomposición del tejido social. Es este nuestro firme compromiso institucional. En este sentido, el IPLIDO en una clara apuesta por la promoción social desarrolló un eje de trabajo denominado Construyendo educación en valores. El mismo se constituye en una herramienta de crecimiento espiritual de nuestra gran familia hotelero – gastronómica. Diseñado con una impronta de carácter federal, promueve el dictado de talleres de reflexión y debate interno en las distintas Seccionales y, a la vez, brinda una guía de ayuda metodológica para su abordaje en los espacios de discusión que al respecto se propongan. Otra acción implementada es el denominado “Premio Mujer Trabajadora” cuyo propósito es el de brindar un reconocimiento a compañeras trabajadoras del turismo, la hotelería y la gastronomía que con esfuerzo personal, capacidad de trabajo y liderazgo, probidad y entereza se configuran en modelos y ejemplos. Estos testimonios de coraje y superación conformarán una seccional especial en nuestra página llamada “Historias de vida”. Apostamos a una vuelta a los valores esenciales porque aspiramos a una convivencia integral. Cada uno, desde su lugar, tiene mucho para dar actuando con respeto, honestidad y responsabilidad. Un futuro mejor no sólo es deseable sino que es posible. El compromiso es nuestro. Afrontemos este reto. María Susana Césari Secretaria de Actas y Afiliación U.T.H.G.R.A. Secretaria Ejecutiva del Instituto para la Igualdad de Oportunidades I.P.L.I.D.O

2014. En nuestro país, las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, los ancianos o los enfermos es, en la mayoría de los casos, una responsabilidad de las mujeres. Inclusive cuando ellas se desempeñan laboralmente fuera de la casa. Ésta realidad arraigada y naturalizada por la sociedad es un indicio de la desigualdad que comienza a salir a la luz. En una nota para El Diario La Nación, Diana Fernández Irusta recorre y analiza las experiencias de otros países del mundo que, en algunos casos, han pasado del debate a las políticas públicas. Por Diana Fernández Irusta En Suecia, Canadá y Uruguay, hay campañas públicas para promover las políticas de cuidado. Anne-Marie Slaughter, brillante politóloga norteamericana, siempre creyó que el camino hacia la igualdad de género era inseparable del avance de la presencia femenina en puestos de poder. La hora de la verdad le llegó en enero de 2009, cuando se convirtió en la primera mujer directora de políticas públicas del Departamento de Estado norteamericano. cargo al que renunció 18 meses después, esgrimiendo razones que escandalizaron al feminismo de su país: Slaughter no podía conciliar las exigencias de la función pública con el cuidado de sus hijos. Semejante decisión puso el foco en “los trabajos de cuidado”, concepto que, para algunas feministas, impulsará en la economía del siglo XXI transformaciones de magnitud similar a las que el lema “lo personal es político” impulsó en la intimidad y la sexualidad del siglo XX. ¿Qué son los trabajos de cuidado? Mucho más que mecer un bebé o colgar la ropa: son una enorme masa de actividades que, escondida en el corazón de lo doméstico, incide, como demuestran algunas investigaciones, de manera considerable en el PBI de cualquier nación. Porque de los cuidados depende no sólo que las generaciones más jóvenes estén alimentadas, educadas y en condiciones -a su tiempo- de ingresar en el mercado laboral, sino también que todos gocemos de cierto bienestar emocional y los mayores, enfermos o discapacitados estén atendidos. Si las mujeres tradicionalmente se ocupaban de un ámbito tan crucial para el desarrollo de la sociedad, ¿cómo cubrir el espacio que ha dejado su ingreso masivo en el mercado laboral? Descartados tanto el regreso al modelo del ama de casa tradicional como la opción de idílicas “súper chicas” capaces de dobles o hasta terceras jornadas poslaborales, la Cepal alerta sobre la existencia de una “crisis de los cuidados” de nefastas consecuencias. Investigadoras y feministas proponen una solución: trasladar a lo público lo que alguna vez fue sagrado territorio de lo privado. Es decir, promover sistemas estatales de cuidado de niños, enfermos y ancianos del mismo modo en que se organizan sistemas de salud o educación; impulsar licencias por maternidad y paternidad que equiparen las responsabilidades de hombres y mujeres ante sus empleadores; asistencia personalizada gratuita para madres recientes o personas con familiares discapacitados; escuelas públicas con horarios extendidos, capaces de adaptarse a la dinámica laboral de las familias actuales. En países con estructuras estatales tan deterioradas como el nuestro, semejante propuesta parece inalcanzable. Sin embargo, muchas de estas opciones ya son una realidad en países europeos y latinoamericanos. ESTRUCTURAS QUE ATRASAN “Sigo creyendo que las mujeres podemos «tenerlo todo» (y los hombres también) -escribió Slaughter en The Atlantic tiempo después de su sonada renuncia-. Pero no hoy, no con el modo en que la economía y la sociedad están estructuradas”. ¿Habría que considerar, entonces, que la actual armazón social atrasa con respecto a la descomunal transformación experimentada por la población femenina? Algunos pensadores hablan de una “revolución estancada”: tras las grandes promesas de igualdad logradas en el siglo pasado, hoy las mujeres suelen dividirse entre las que se abstienen de las grandes ligas profesionales en pos de una dinámica familiar más equilibrada o, en el otro extremo, las que renuncian a la maternidad para insertarse con todas las letras en el competitivo universo laboral. En el medio discurre la gran multitud de mujeres madres y empleadas, con el cansancio a cuestas, las agendas saturadas y el estrés como modo de vida (al menos en nuestro país, se calcula que el 80% de las tareas domésticas y de cuidado está a cargo de la población femenina). Nada de esto se vislumbraba a mediados del siglo XX, cuando a la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral siguió el “estallido” de la familia nuclear y el consecuente derrumbe del esquema “hombre proveedor/mujer ama de casa”. Luego vendrían la maternidad a edad cada vez más avanzada y la prolongación de la expectativa de vida. Al menos en Occidente, no quedó espacio del mundo privado sin transformar, a excepción de uno: los cuidados y tareas domésticas. “El cuidado es un tema urgente -afirma Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)-. Pero el Estado no se involucra, el mercado ofrece sus opciones en el sistema oferta /demanda y, finalmente, todo queda en las familias. Y, dentro de las familias, en las mujeres”. En plan de describir los agobiados hombros femeninos, Gherardi agrega un ejemplo especialmente ilustrativo: “En una sociedad que está envejeciendo, ¿quién se ocupa de los mayores? Las mujeres de la generación intermedia; o sea, las que están en edad laboral y, además, están criando a sus propios hijos”. Un informe de Cepal publicado en 2009 define la actual “crisis del cuidado” en América latina como “un momento histórico en que se reorganiza simultáneamente el trabajo salarial remunerado y el doméstico no remunerado, mientras que persiste una rígida división del trabajo en los hogares y la segmentación de género en el mercado laboral”. El resultado: mientras aumenta la cantidad de personas dependientes de cuidado, disminuye la proporción de aquellos -más bien, aquellas- que están en condiciones de asumir esos cuidados. Así, las mujeres insertas en el mercado laboral suelen sumar a la jornada diaria de trabajo lo que se llama el “segundo turno” y a veces, hasta un tercero, ligados siempre con las tareas de cuidado. “Mi experiencia como investigadora me indica que se están dando algunos